El presidente Gustavo Petro anunció este jueves una medida contundente contra los propietarios de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), ordenando al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la presentación de un proyecto de ley que los responsabilice directamente con su patrimonio personal por las deudas acumuladas por estas entidades con el sistema de salud y sus proveedores. El anuncio se realizó durante el Gran Encuentro Nacional de Salud, celebrado en la Plaza de Bolívar en Bogotá, y representa un nuevo capítulo en la confrontación del gobierno Petro con el sector privado de la salud.
La decisión presidencial, que ha generado una inmediata reacción en el ámbito político y empresarial, busca, según el mandatario, evitar la repetición de errores cometidos por la administración anterior, encabezada por Iván Duque. Petro acusó directamente al exministro de Salud, Fernando Ruiz, y al expresidente Duque de haber actuado con “dolo” al priorizar el pago de deudas a las EPS, lo que, a su juicio, solo sirvió para incrementar el endeudamiento del sistema y trasladar la carga financiera al gobierno actual.
“No vamos a repetir el error que el señor (Fernando) Ruiz como ministro y el presidente Duque cometieron”, declaró Petro ante una multitud de asistentes al encuentro. “Dolo, pienso yo que tenían, de pagarles las deudas a esos señores privados para seguir con deudas hoy en este gobierno, aumentar la deuda, pero después de que la Nación pagó 12 billones de presupuesto”.
La magnitud de la deuda acumulada por las EPS es considerable y representa una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Según cifras oficiales, las EPS adeudan miles de millones de pesos a hospitales, clínicas, laboratorios y otros proveedores de servicios de salud, lo que ha generado graves problemas de liquidez y ha afectado la calidad de la atención médica en todo el país.
La propuesta de Petro implica un cambio radical en la forma en que se gestionan las deudas de las EPS. Actualmente, la responsabilidad financiera recae sobre la entidad como tal, pero el nuevo proyecto de ley buscaría extender esa responsabilidad a los propietarios y accionistas de las EPS, obligándolos a responder con sus bienes personales en caso de incumplimiento.
Esta medida, sin duda, generará una fuerte resistencia por parte de los líderes de las EPS, quienes argumentan que la responsabilidad de las deudas no debe recaer sobre los propietarios, sino sobre la gestión de las entidades. Sin embargo, el gobierno Petro se muestra firme en su decisión y considera que es necesario tomar medidas drásticas para garantizar la viabilidad del sistema de salud y proteger los derechos de los pacientes.
Además de la propuesta de responsabilizar a los propietarios de las EPS, el presidente Petro aprovechó el Gran Encuentro Nacional de Salud para convocar a una gran movilización en defensa de la reforma a la salud que su gobierno ha impulsado. El mandatario instó al ministro Jaramillo a organizar una manifestación masiva que rodee el Congreso de la República, con el objetivo de presionar a los legisladores para que aprueben la reforma.
“Por la vida y la salud de cada persona integrante de los equipos básicos de salud”, enfatizó Petro. “Para que por fin lo que ordena la Constitución se cumpla: que la salud sea un derecho”.
La reforma a la salud propuesta por el gobierno Petro busca reemplazar el actual sistema de EPS por un modelo más centralizado, en el que el Estado asuma un papel más protagónico en la gestión de los recursos y la prestación de los servicios de salud. La reforma ha sido objeto de intensos debates y críticas por parte de diversos sectores, incluyendo las EPS, los partidos de oposición y algunos gremios médicos.
Los opositores a la reforma argumentan que el modelo propuesto por Petro podría generar ineficiencias, corrupción y un deterioro en la calidad de la atención médica. Además, advierten que la reforma podría afectar la libertad de elección de los pacientes y limitar la participación del sector privado en el sistema de salud.
Sin embargo, el gobierno Petro defiende la reforma como una medida necesaria para garantizar el acceso universal a la salud y eliminar las barreras económicas y geográficas que impiden a muchos colombianos recibir una atención médica adecuada. El mandatario ha insistido en que la reforma busca fortalecer el sistema público de salud y garantizar que todos los colombianos tengan derecho a una vida digna y saludable.
La presentación del proyecto de ley que responsabiliza a los propietarios de las EPS por las deudas acumuladas por estas entidades y la convocatoria a una movilización masiva en defensa de la reforma a la salud son dos acciones que demuestran la determinación del gobierno Petro de llevar a cabo una transformación profunda del sistema de salud colombiano. El futuro de la salud en Colombia está en juego, y los próximos meses serán cruciales para determinar si el gobierno Petro logrará alcanzar sus objetivos. La respuesta del Congreso, la reacción del sector privado y la movilización de la sociedad civil serán factores clave para definir el rumbo del sistema de salud en el país.