El gobierno de Axel Kicillof dio luz verde al traslado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires, una decisión que choca frontalmente con el rechazo previo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y desata una investigación por posibles irregularidades financieras en la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La polémica mudanza, que busca desviar la atención de una serie de denuncias que involucran a la AFA en un entramado de empresas fantasma, desvíos de fondos y presiones judiciales, ha elevado la tensión entre la provincia y el gobierno nacional.
La IGJ, que ya había rechazado el traslado de la sede social de la AFA a Pilar, ha solicitado formalmente la designación de veedores oficiales para supervisar los libros contables y financieros de la entidad. Esta solicitud se produjo tras el incumplimiento de la AFA de presentar una ampliación documental requerida por el organismo de control, profundizando las sospechas sobre la transparencia de sus operaciones. La investigación se centra en las sociedades comerciales creadas por la AFA bajo la presidencia de Tapia y la tesorería de Pablo Toviggino, buscando rastrear el destino de los fondos y determinar si existió alguna forma de evasión fiscal o lavado de dinero.
El Ministerio de Justicia de la Nación ha confirmado que la IGJ “avanza con la solicitud de veedores en la AFA debido a la gravedad de las irregularidades”, y que se están revisando los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Personas Jurídicas, ha desafiado la autoridad de la IGJ, ratificando la mudanza de la AFA y rechazando su competencia. Esta decisión, anunciada por el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, busca frenar el avance de la investigación y abre la puerta a una judicialización del caso.
La resolución de la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, firmada por Silvia Andrea García, ha generado controversia debido a su celeridad y falta de detalles. Según fuentes del gobierno nacional, la resolución no menciona la dirección exacta de la “nueva” sede en Pilar, lo que sugiere que la mudanza se realizó de manera apresurada con el único objetivo de complicar la investigación de la IGJ y trasladar la competencia a la Cámara Civil.
El gobierno de Kicillof ha mantenido un silencio prudente sobre la medida, limitándose a ratificar la decisión de la Dirección de Personas Jurídicas. Sin embargo, la continuidad de Tapia al frente del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) ha levantado sospechas sobre un posible acuerdo político entre el gobernador bonaerense y el presidente de la AFA.
A pesar de la decisión de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional ha asegurado que la resolución “no cambia nada” y que continuará con los pasos previstos tras el pedido de la IGJ para designar veedores en la AFA. La decisión final recae ahora en el Ministerio de Justicia, que deberá determinar si designa o no a los veedores y qué alcance tendrá su supervisión. Se ha descartado que los veedores sean un contador y un abogado, buscando garantizar una mayor independencia y objetividad en la investigación.
La IGJ había rechazado inicialmente el pedido de la AFA para trasladar su sede a Pilar, argumentando que el lugar no contaba con las instalaciones ni oficinas necesarias para albergar a la asociación. Los funcionarios del organismo de control concluyeron que la mudanza era un intento de cambiar de jurisdicción y evadir la supervisión de la IGJ.
El escándalo que rodea a la AFA se ha visto agravado por las denuncias de evasión fiscal, maniobras judiciales para influir en los jueces y la aparición de una lujosa mansión en Pilar vinculada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Estas acusaciones han generado una ola de críticas y han puesto en tela de juicio la integridad de la gestión de Tapia.
La situación se complica aún más con la posibilidad de que la AFA judicialice la investigación, apelando la decisión de la IGJ y buscando trasladar la competencia a la Cámara Civil. Esta estrategia podría dilatar el proceso y dificultar la obtención de pruebas, lo que beneficiaría a la AFA y permitiría que las irregularidades queden impunes.
La decisión del gobierno de Kicillof de apoyar la mudanza de la AFA ha generado un fuerte debate en la opinión pública y ha sido criticada por la oposición, que acusa al gobernador de proteger a Tapia y de obstaculizar la investigación de las irregularidades. La oposición ha exigido una explicación clara sobre los motivos de la decisión y ha pedido que se garantice la transparencia y la independencia de la investigación.
El futuro de la AFA y de la investigación por las irregularidades financieras pende de un hilo. La decisión del Ministerio de Justicia sobre la designación de veedores será crucial para determinar si se podrá esclarecer la verdad y llevar a los responsables ante la justicia. La sociedad argentina espera respuestas claras y contundentes ante las graves acusaciones que pesan sobre la entidad que rige el fútbol nacional.
