La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha desatado una crisis sin precedentes al oficializar la suspensión de la fecha 9 del torneo Apertura, y de todas las categorías del fútbol argentino, en una medida de fuerza sin igual. La decisión, tomada en el Comité Ejecutivo y anunciada este lunes, es una respuesta directa a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, quienes han sido citados a declarar por presunta evasión fiscal y retención de aportes.
La AFA emitió un comunicado contundente en el que rechaza el recurso presentado por ARCA, defendiendo con firmeza su situación financiera y legal. Según la entidad, “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa, y afirma que todos los pagos fueron realizados de manera voluntaria y antes de sus respectivos vencimientos. Esta versión está actualmente bajo análisis de la Cámara de Apelaciones, lo que añade una capa de complejidad al caso.
Sin embargo, la AFA considera que la denuncia es un ataque injustificado y, “en repudio” a la misma, ha resuelto por unanimidad suspender la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol y el resto de las categorías del fútbol argentino. Esta medida, sin duda, generará un impacto significativo en el calendario deportivo y en la economía de los clubes.
La posibilidad de una suspensión del torneo ya había sido anticipada por el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, quien declaró que “si es necesario, lo vamos a hacer. Hay que tomar las medidas que sean necesarias”. Berlanga calificó la citación a indagatoria de Tapia y Toviggino como “injusta” y reafirmó que la AFA está al día con sus obligaciones. “Quedó demostrado que está todo pago, que las causas por las cuales se le imputan no tienen nada”, afirmó el dirigente.
Berlanga también denunció lo que considera una “guerra al fútbol” y apuntó contra las sociedades anónimas deportivas (SAD), argumentando que la denuncia busca imponer este modelo de gestión, algo que los clubes y sus socios rechazan. “Lo que quieren es imponer las sociedades anónimas deportivas. Los clubes y los socios, que son los principales actores en este tema, ya se han expedido y no quieren”, declaró. Además, reveló que Vélez Sarsfield tiene litigios por un total de US$100 millones con dos SAD en el extranjero.
El propio Tapia se pronunció brevemente en su cuenta de X (antes Twitter) tras la reunión del Comité Ejecutivo, afirmando: “Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la Liga AFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino. AFA somos todos”.
La situación se agrava con la citación a declarar de Tapia y Toviggino el 5 y 6 de marzo, tras ser acusados de retener aportes previsionales y omitir el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. El juez en lo penal económico Diego Amarante también les prohibió salir del país, aunque a Tapia se le otorgó permiso para viajar a Colombia y Brasil esta semana. La resolución también alcanza a otros directivos de la AFA, como Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez.
Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones no depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado ascendió a $11.759.643.331,62, superando los $19.300 millones en total.
La decisión de la AFA ha generado una rápida reacción entre los clubes de primera división, la mayoría de los cuales han expresado públicamente su respaldo a la conducción y su adhesión al paro. Central Córdoba fue uno de los primeros en manifestarse, calificando el ataque judicial y mediático contra la AFA como “infundado” y advirtiendo que genera incertidumbre para las instituciones, futbolistas y trabajadores. El club santiagueño, vinculado a Toviggino, recordó el fallo Sheppard vs. Maxwell (1966) de la Corte Suprema de Estados Unidos, que establece que una cobertura “sensacionalista y desmedida” puede afectar el derecho a un juicio justo.
Atlético Tucumán también confirmó su apoyo a la AFA, sosteniendo que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas antes de su vencimiento y considerando “inadmisible” que compromisos no exigibles sustenten una imputación penal. Deportivo Riestra se sumó a la postura, calificando el escenario judicial como “falaz” y reiterando la referencia al precedente estadounidense sobre la influencia de la prensa en los procesos judiciales.
La suspensión de la fecha 9 y del resto de las categorías del fútbol argentino es una medida drástica que refleja la gravedad de la situación. La AFA se encuentra en una encrucijada, defendiendo su honorabilidad y su gestión frente a acusaciones que considera injustas. El futuro del fútbol argentino pende de un hilo, a la espera de los resultados de la investigación y de una posible resolución del conflicto. La incertidumbre reina en el ambiente futbolístico, y los aficionados se preguntan cuándo podrán volver a disfrutar de su deporte favorito. La AFA ha dejado claro que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para defender sus intereses y los del fútbol argentino, incluso si eso implica paralizar la actividad.
