---
Pablo Víctor Cuchán, el hombre que en 2004 asesinó, descuartizó y quemó a su novia adolescente, Luciana Moretti, en Ingeniero White, ha recuperado su libertad. La decisión, tomada por el Juzgado en lo Correccional Nº1 de Bahía Blanca, se basa en la prescripción de la acción penal por lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas contra su última pareja, una mujer a la que agredió en abril de 2023. Este nuevo episodio, que ya había derivado en su detención y posterior liberación, pone de manifiesto las fallas del sistema judicial argentino y reaviva el debate sobre la protección de las víctimas de violencia de género.
Cuchán había sido condenado a 18 años de cárcel por el brutal crimen de Luciana Moretti, una pena dictada en un contexto legal que aún no contemplaba el femicidio como figura penal independiente (la ley 26.485, que tipifica el femicidio, fue sancionada en 2012). Tras cumplir su condena, regresó a la sociedad en 2021, generando preocupación en los círculos de defensa de los derechos de las mujeres y en la familia de la víctima.
La pesadilla se repitió apenas dos años después. En abril de 2023, Cuchán fue detenido en Monte Hermoso tras una denuncia de su nueva pareja, quien lo acusó de lesiones y amenazas. Según la denuncia, el agresor la sujetó del cuello y le tapó la boca para silenciar sus gritos, causándole lesiones leves. La fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo certificados médicos, fotografías y el testimonio de un vecino, que corroboraban la versión de la víctima.
A pesar de las evidencias, el juez Gabriel Giuliani consideró que la acción penal había prescrito, argumentando que la pena máxima prevista para los delitos imputados (lesiones leves agravadas y amenazas) era de dos años y que ese plazo se había cumplido el 14 de febrero de 2023. La defensa de Cuchán, a cargo de Maximiliano De Mira, había solicitado la prescripción, y el juez finalmente accedió a su pedido, ordenando la liberación del acusado.
La decisión ha generado indignación y frustración entre las organizaciones feministas y los familiares de Luciana Moretti. Denuncian que la prescripción de la acción penal en casos de violencia de género es una práctica que perpetúa la impunidad y envía un mensaje de permisividad hacia los agresores. Argumentan que la violencia de género es un problema estructural que requiere una respuesta contundente del Estado, y que la aplicación de la ley debe priorizar la protección de las víctimas y la prevención de futuros casos.
El caso de Cuchán también pone de relieve la importancia de una adecuada implementación de las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. En este caso, un Juzgado de Familia había ordenado una restricción de acercamiento y la entrega de un botón antipánico a la víctima, pero estas medidas no fueron suficientes para evitar la agresión.
El horrendo crimen de Luciana Moretti conmocionó a la Argentina en 2004. Cuchán, en su declaración durante el juicio, intentó minimizar su responsabilidad, afirmando que la adolescente había muerto por una sobredosis de cocaína y que él, en estado de shock, había intentado deshacerse del cuerpo de la manera más macabra posible: descuartizándola y quemándola en una parrilla. Describió con frialdad cómo había utilizado solvente y leña para incinerar los restos de Luciana, y cómo luego los había dispersado en diferentes lugares para ocultar el crimen.
A pesar de no admitir haber descuartizado a la víctima, Cuchán reconoció que el cuerpo era “sumamente pesado” al momento de prenderle fuego, lo que sugiere que ya había sido desmembrado. La crueldad del crimen y la falta de remordimiento del acusado generaron una profunda conmoción en la sociedad.
La liberación de Cuchán, una vez más, plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial argentino para proteger a las mujeres de la violencia de género y para garantizar que los agresores rindan cuentas por sus actos. La prescripción de la acción penal en casos como este es una muestra de la impunidad que aún prevalece y de la necesidad de fortalecer las leyes y las políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia machista. La familia de Luciana Moretti y las organizaciones feministas exigen justicia y se movilizan para exigir que se revisen las leyes y se adopten medidas más efectivas para proteger a las mujeres y castigar a los agresores. Este caso, lamentablemente, se convierte en un símbolo de la lucha por la igualdad de género y contra la violencia machista en Argentina.
