
Desabastecimiento de GNV afecta a transportistas en Caraparí
La administración regional de YPFB argumentó que un compresor se arruinó y que están a la espera del envío de un repuesto para retomar el suministro de gas natural vehicular.

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3 de mayo (Urgente.bo).- El evismo y el Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen acercamientos. La alianza que concretaron para la Gobernación de Cochabamba, que llevó a Leonardo Loza como primera autoridad y a Grover García, titular del MAS, como actual presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), fortalece esos vínculos. El dirigente evista Omar Ramírez afirmó que no está descartada una alianza más formal a futuro con el partido azul, con miras a otros escenarios electorales. “Yo creo que volveríamos, no como MAS, sino como una alianza como con la que participamos en las pasadas elecciones subnacionales, pero eso está pendiente para conversar con la gente que legalmente maneja el MAS y, desde luego, el instrumento político que lidera Evo Morales en el país (Evo Pueblo)”, dijo Ramírez a Urgente.bo. 1bc681df-8436-4b96-bc05-d83791128178.jpg En las elecciones subnacionales, el evismo y el MAS compartieron plancha en un solo frente que llevó a Loza a la Gobernación de Cochabamba y a García, quien logró ser electo asambleísta y que este domingo fue posesionado con amplio respaldo de su alianza como presidente de la Asamblea valluna para la gestión 2026-2027. Ramírez resaltó que “nada está descartado, aunque nosotros como ‘Evo Pueblo’ tenemos un trámite en camino en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En departamentales también hay otras siglas que ya han hecho el trámite, para tener la certeza de que en próximos escenarios electorales tendremos nuestra participación garantizada”. El dirigente evista señaló que este tema será analizado en instancias ampliadas para definir si el MAS y el evismo consolidan una alianza formal con miras a futuras contiendas electorales. “De hecho, estoy seguro de que como MAS no se continuará en la vida política, sino podría ser una alianza en la que estén el MAS y otros frentes políticos”, finalizó.

Los organizadores explicaron en un comunicado difundido en redes sociales que el evento busca protestar, entre otras cosas, contra una propuesta de ley destinada a “reforzar la penalización de las rave parties” no declaradas o prohibidas.

El hecho ocurrió en puertas del domicilio de la víctima en Yapacaní. Testigos lograron identificar a uno de los antisociales y lo capturaron
La tarde del sábado 2 de mayo, un grupo de avanzada de los marchistas indígenas procedentes de Pando y Beni, y constituido por más de personas, llegó a la ciudad de La Paz exigiendo la abrogación inmediata de la Ley 1720 que cambia el carácter de la pequeña a mediana propiedad rural para que pueda ser sujeta a crédito bancario, informó la agencia de Noticias Ambientales. El dirigente pandino Pfizer Coaquira, ejecutivo de la región Madre de Dios, del grupo que encabezó la marcha, anunció que se dará al gobierno veinticuatro horas de plazo a partir del lunes 4 para que se proceda a abrogar la Ley 1720. marcha.indignea.lapaz_.png El grupo de avanzada de la marcha indígena llega a Urujara, la puerta de ingreso a La Paz “Toda la vida de pie, nunca de rodillas y orgullosos de ser pandinos, nunca vamos a traicionar a nuestro departamento de Pando, mucho menos a nuestra querida Bolivia, inmediatamente queremos la anulación de esta Ley 1720 y queremos decirles que nos sentimos felices a pesar de eso, del clima, que nuestros hermanos han sufrido de baja, pero también pedirle a Dios que se recuperen y nosotros seguimos firmes, no vamos a claudicar, sentenció el dirigente. A su turno, Vivian Palomeque, ejecutiva de la región Vaca Diez (norte de Beni) y que también fue parte del grupo de avanzada que encabezó la marcha, se refirió a la posición inclaudicable de la movilización que se extendió por más de veintiséis días desde Pando, a tiempo de informar que se tuvieron muchas bajas en la marcha y agradecer el apoyo de la población. “Bueno, nosotros estamos aquí de pie y ya estamos cerca y no nos vamos a rendir. En nombre de todos los marchistas, en nombre de cada una de nuestras mujeres amazónicas bolivianas vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Ya llevamos 27 días desde que sale esta marcha de Pando, entonces estamos con todos los ánimos aunque con bajas. Como mujer me duele ver a mis hermanos así, hemos tenido muchos momentos tristes”, subrayó la representante regional de Vaca Diez. Además de la abrogación de la Ley 1720 que pretende eliminar la pequeña propiedad agraria para convertirla en mediana y así permitir acceso a créditos bancarios, la marcha indígena proveniente del norte amazónico exige que de la misma manera sea eliminado el decreto que reglamenta la normativa. En tal sentido, Cristian Domínguez, ex secretario de Medio Ambiente de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), consideró una incoherencia el que se abrogue la Ley 1720 mientras se mantiene a su reglamento (DS 5613).

Tras arribar a la tranca de Urujara, sus dirigentes de base anunciaron 24 horas de plazo a partir del lunes 4 para que se abrogue la Ley 1720 y su reglamento o de lo contrario los marchistas radicalizarán sus medidas
El problema de la corrupción como objeto de estudio es uno de los dolores de cabeza más difíciles de analizar. Principalmente porque es muy complejo el hecho de cuantificar los verdaderos montos de dinero apropiados ilegalmente, ya sea fruto del uso indebido de influencias, la suscripción de contratos lesivos a los intereses del Estado, o por las tretas judiciales que los sujetos corruptos utilizan, tanto para distorsionar la información, como para zafarse de toda responsabilidad. En suma, no es fácil investigar la corrupción porque todas las condiciones que están a nuestro alrededor, juegan en contra del esclarecimiento de los hechos. La corrupción política está ahí, frente a nuestros ojos, provocándonos ira, tristeza, ansiedad permanente y un impulso irrefrenable para castigarla. Es por esto que la publicación del reciente libro de Luis Zavala Castro, “Corrupción política-Democracia pactada-Neoliberalismo en Bolivia (1982-2005)”, es un motivo de orgullo y mucha satisfacción. Zavala Castro es un verdadero especialista en el tema y lleva denunciando diferentes fenómenos de corrupción política, prácticamente los últimos veinte años. En este caso, la palabra “denuncia” es consubstancial al esclarecimiento de las redes clientelares corruptas y un factor clave para comprender cómo la democracia es incapaz de controlar o, por lo menos, limitar las conductas que, abiertamente, despojan sin medida al Estado y la sociedad boliviana de sus recursos estratégicos y su dinero, destruyendo cualquier política de desarrollo económico. En la introducción del libro, Zavala Castro afirma con notable claridad que “el ciudadano común se siente impotente ante el gigantesco deterioro moral y material que día a día se le viene encima. La corrupción gubernamental se ha convertido en una realidad cultural porque el ciudadano ahora suele concebir este fenómeno como un rasgo típico del mundo que lo rodea. Es estructural y sistémica porque en la sociedad boliviana existe la creencia generalizada que la corrupción es la norma de conducta y el denominador común que reproducen todas las instituciones del Estado y resulta una realidad endémica porque a cualquier nivel de la estructura del aparato estatal se puede constatar que las instancias llamadas por ley para controlar los bienes públicos, en los hechos no funcionan tal cual deberían funcionar”. Todos los esfuerzos investigativos de Zavala Castro descansan en una “memoria histórica” sobre varios hechos de corrupción desde 1982, utilizando una cronología que es un verdadero tributo a la reminiscencia vívida que ninguna generación, contemporánea o antigua, debe olvidar jamás. La denuncia, en este caso, no es un lastre para la objetividad del estudio imparcial y científico, sino un acicate prudente para que no olvidemos quiénes fueron o son los actores de la delincuencia de cuello blanco, sindical, partidaria y gubernamental. En Bolivia, casi nadie escapa de haberse involucrado en la corrupción, si al mismo tiempo ejerció un liderazgo destacable en la política, en el desempeño de algún cargo de alto nivel, y en la dinámica de pensar que la actividad política es la industria más ventajosa y económicamente más jugosa. Bolivia no tiene patriotas, pues la gran mayoría está en el meollo de la praxis política, únicamente para enriquecerse. Zavala Castro detalla los casos más emblemáticos de la corrupción, como el grosero robo de 21 millones de dólares cometido al Fondo de Retiro del Empelado Público (FREP) y al Fondo Complementario de la Seguridad Social de la Administración Pública (FOCSSAP). El responsable fue Dante Escobar, un periodista que tuvo conexiones directas con el Ministerio de Hacienda y una densa red de dirigentes políticos con quienes intentó saltar a un liderazgo que destacó por su vileza y capacidad para reproducir una corrupción estructural. Los datos históricos que Zavala Castro aporta son muy valiosos y de su análisis se puede inferir que la corrupción es un proceso “inmanente y constitutivo” del liderazgo político en Bolivia. Los corruptos destacan, sin miramientos, tanto en los partidos de izquierda, derecha, como en las agrupaciones ciudadanas, la dirigencia sindical, entre los jóvenes, viejos, moros y cristianos. Esto no tiene nada que ver con el refrán que dice “el que no cae resbala”, sino con la necesidad de entender que la corrupción es más fuerte que la institucionalidad democrática y el control del Estado de Derecho. Esta inaguantable situación tampoco es un destino manifiesto. En todo caso, es el ímpetu de un cerco antipatriótico que odia la cosa pública, desprecia al Estado como red de instituciones de servicio ciudadano y debe ser castigado con paciencia, energía impenitente y liderazgos nuevos. La denuncia es un recurso con doble registro: por un lado, Zavala Castro la utiliza como una forma de “memoria” para tener presente la evolución de varios casos graves de corrupción, sus relaciones entre diferentes castas de líderes políticos y, por otro lado, la denuncia también contribuye a unir la investigación sociológica de la corrupción con su consecuencia fundamental: hacer que la justicia investigue penalmente el comportamiento corrupto, compruebe los impactos del daño provocado y la juzgue con una misma vara: la ley y una condena moral donde la ética pública pueda recuperar la integridad que se merece dentro de un sistema democrático. La lectura histórica y empírica de Zavala Castro, también invita a correlacionar el análisis con aportes clásicos y contemporáneos sobre la teoría de la corrupción. Robert Klitgaard, por ejemplo, sintetizó el fenómeno en una fórmula tan simple como devastadora: la corrupción es igual a un monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas (C = M + D – A). Esta ecuación no es un juego académico, sino una radiografía brutal del Estado boliviano, donde las élites políticas han capturado monopolios de decisión, ejercen amplios márgenes de arbitrariedad y operan en contextos donde la transparencia en la rendición de cuentas es débil o inexistente. corrupcion.jpg Otros autores más recientes como Susan Rose-Ackerman, Bo Rothstein o Alina Mungiu-Pippidi van más allá, al señalar que la corrupción no es solamente un problema de incentivos individuales, sino un equilibrio social perverso, donde las normas informales legitiman el abuso y donde “todos esperan que todos sean corruptos”. En este sentido, Bolivia no enfrenta únicamente redes corruptas, sino un sistema de expectativas compartidas que normaliza el saqueo del Estado. Por eso, la denuncia —como la que impulsa Zavala Castro— es imprescindible, pero, simultáneamente, insuficiente si no se rompe ese equilibrio mediante instituciones creíbles, sanciones efectivas y, sobre todo, un cambio profundo en las normas culturales que hoy convierten a la corrupción en una práctica infernal e injusta.

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